Las personas adultas mayores, lamentablemente, son víctimas de violencia familiar con frecuencia. La violencia familiar puede ser “patrimonial, psicológica, física o económica” y esto constituye una grave violación a los derechos humanos. Generalmente, esta violencia proviene de hijos, cónyuges o cuidadores directos. Datos oficiales del INEGI revelan que aproximadamente el veinte por ciento de la población mayor de sesenta años sufre algún tipo de maltrato, y de este universo, cerca del ochenta por ciento de los agresores pertenecen al núcleo familiar más cercano.
Ante una situación de violencia es importante denunciar y no permitir que estas conductas escalen. El primer paso consiste en identificar las señales de alarma como, por ejemplo; “el control indebido de ingresos”, “negligencia en cuidados médicos”, “agresiones verbales”… En estos casos vale la pena buscar apoyo de manera inmediata. Es común que, si una persona siente que se están vulnerando sus derechos humanos, si se siente mal o si sospecha que alguna conducta es violenta, resulte que en la realidad esté siendo víctima de violencia intrafamiliar.
Para recibir orientación legal, acompañamiento psicológico y resguardo de manera gratuita se puede acudir a las Agencias Especializadas en Delitos contra Adultos Mayores de las fiscalías locales, los Centros de Justicia para las Mujeres o llamar a la Línea Plateada del Consejo Ciudadano al número 55 5533 5533, además de marcar a emergencias 911.
Denunciar es un mecanismo legal indispensable porque activa de inmediato los protocolos de protección del Estado y permite emitir órdenes de restricción urgentes, detener el ciclo destructivo de abuso y restituir plenamente la dignidad de la persona afectada.
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