Si el derecho es una rama del conocimiento que las sociedades han desarrollado a lo largo de la historia humana (Grecia y Roma aportaron grandes conceptos del Derecho occidental) para que se pueda vivir en comunidad de la manera más justa, segura, ordenada y armónica posibles; era muy importante que se intentara asegurar una forma de igualdad para las partes que dirimen alguna cuestión en un proceso. Las defensorías públicas aparecieron en el siglo XIX y, en México, concretamente, la primera surgió en San Luis Potosí en 1847 con el nombre de Procuraduría de los Pobres, creada por Ponciano Arriaga, quien fuera abogado juarista, secretario de Gobernación.
Dicho de manera muy sencilla, las Defensorías Públicas brindan orientación, asesoría, asistencia y patrocinio jurídico gratuito a las personas que no pueden pagar los servicios de un abogado privado. Esto es, son abogacías gratuitas que procurarán defenderle en situaciones jurídicas de algún proceso en materia de derechos humanos, materias penal, civil, familiar, laboral y administrativa, principalmente en el ámbito federal y local. Las personas adultas mayores, además, deben saber que pueden solicitar atención preferencial para que puedan entender el proceso, ser atendidas de manera expedita y contar con traducción al español si es que lo requieren. El Instituto Federal de Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal atiende asuntos ante tribunales federales, mientras que los institutos estatales y el capitalino cubren asuntos de competencia local, todos operan de manera obligatoria y gratuita, con la intención de garantizar que el sistema de justicia sea “imparcial y accesible para todas las personas”.
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