Las personas de 60 años o más -consideradas en nuestro país como personas adultas mayores- gozan del reconocimiento específico de derechos humanos, tal como la señala la Constitución y las leyes derivadas de la misma. Es por ello que el gobierno tiene la obligación de procurar políticas públicas que, a través de programas y acciones puntuales, garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores.
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